La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional y los docentes universitarios cobrarán los haberes de junio con una suba del 21,33%, una decisión que podría dejar sin efecto los paros previstos para la próxima semana y abrir una tregua en el conflicto que desde hace meses enfrenta a las universidades con la administración de Javier Milei.
La definición fue adoptada durante el plenario de delegados de los sindicatos de base que integran la federación, luego de que distintas asociaciones docentes debatieran puertas adentro el ofrecimiento oficial. Sin embargo, el levantamiento definitivo de las medidas de fuerza anunciadas entre el martes 16 y el viernes 19 quedará sujeto a la firma formal del acuerdo. Hasta que esa instancia se concrete, la protesta continuará técnicamente vigente.
El respaldo de CONADU llegó después de que la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) aprobara la misma propuesta en una multitudinaria asamblea, convirtiéndose en uno de los primeros gremios del país en avalar el entendimiento alcanzado entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La postura adoptada por los docentes platenses fue leída como una señal que podía influir en el resto de las organizaciones sindicales del ámbito universitario.
La oferta aceptada establece un incremento del 21,33% sobre el salario básico de mayo para los haberes de junio, una mejora que también impactará en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre. Además, contempla un refuerzo adicional del 3% en octubre, aplicado sobre el básico de septiembre, junto con una cláusula de revisión que obliga a reabrir la negociación salarial dentro de tres meses.
A pesar del acuerdo, tanto en ADULP como en CONADU la decisión se tomó en medio de fuertes debates y votaciones ajustadas. Una parte importante de la docencia universitaria consideró insuficiente la recomposición ofrecida por el Ejecutivo, en un contexto marcado por el deterioro del poder adquisitivo y los reclamos por el desfinanciamiento de las universidades nacionales.
Por ese motivo, en el ámbito universitario advierten que el entendimiento representa una tregua antes que una resolución definitiva del conflicto. Mientras continúan las negociaciones entre el Ejecutivo y los rectores por los recursos destinados al funcionamiento de las casas de estudio, los planteos judiciales vinculados a la Ley de Financiamiento Universitario siguen su curso y podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia.
La expectativa está puesta en que una eventual decisión favorable del máximo tribunal modifique el escenario presupuestario de las universidades nacionales y les permita reclamar un piso de financiamiento más amplio y estable. Hasta entonces, la aceptación de la oferta salarial descomprime la tensión y garantiza una mejora inmediata para los docentes, aunque deja abierto el debate de fondo sobre el futuro de la educación superior pública en Argentina.
