La estrategia privatizadora del gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo tropiezo judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, Mariano López, suspendió la venta del 90% de las acciones de AySA hasta que se determine el pasivo ambiental de la compañía y se evalúe el impacto que la operación podría tener sobre el acceso al agua potable y el saneamiento.
La medida cautelar fue dictada tras una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, que cuestionó que el pliego de licitación no contemple adecuadamente las obligaciones ambientales ni garantice aspectos vinculados al derecho al agua. Específicamente, la presentación impulsada por la Defensoría advirtió que el nuevo esquema de privatización podría derivar en una reducción de las exigencias regulatorias, la postergación de obras de infraestructura y una flexibilización de los controles de calidad en los 26 municipios bonaerenses donde opera AySA.
El fallo representa un nuevo obstáculo para el programa de privatizaciones de la administración libertaria, que ya enfrenta observaciones judiciales en otros procesos, como la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue.
Pero detrás de la suspensión de AySA aparece otra discusión que podría tener consecuencias más amplias. Es que crecen los cuestionamientos sobre el papel del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el organismo encargado de valuar los activos estatales antes de su venta. Una polémica que alcanza también a empresas como Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas, Intercargo y Transener.
Según informó un portal de noticias económico, el eje del conflicto es el presidente del Tribunal, Roberto Villamonte, quien comunicó decisiones vinculadas a la valuación de empresas estatales sin la intervención previa del cuerpo colegiado del organismo, un requisito que distintos sectores consideran obligatorio para operaciones de esa magnitud. Y las tasaciones constituyen la base para definir el valor de venta de las empresas públicas.
Se supo que, en algunos casos, como el de Nucleoeléctrica Argentina, se denunció que la valuación podría quedar en manos de entidades financieras como el Banco Nación o el BICE, pese a las críticas de especialistas que sostienen que no cuentan con equipos técnicos específicos para esa tarea.
El debate sobre las tasaciones no ocurre en el vacío. Algunas de las empresas y activos alcanzados por los cuestionamientos ya quedaron en manos de grupos empresarios que vienen ampliando rápidamente su presencia en sectores estratégicos. Entre ellos, Edison Energía, de los hermanos Juan y Patricio Neuss, Rubén Cherñajovsky, Inverlat y Luis Galli, que logró avanzar sobre Transener y las hidroeléctricas del Comahue. En ese contexto, las dudas sobre cómo se valuaron los bienes públicos cobran una dimensión mayor: no se discute únicamente un procedimiento administrativo, sino el precio y las condiciones bajo las cuales el Estado transfiere activos clave a manos privadas.