La política de ajuste del gobierno de Javier Milei volvió a tener a las provincias entre los principales sectores afectados. Aunque en junio la administración nacional desaceleró parcialmente el recorte del gasto público, los recursos destinados a los distritos continuaron disminuyendo y consolidaron a las transferencias provinciales como el rubro más castigado del presupuesto nacional.
Así lo reflejan dos informes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que muestran, por un lado, una leve recuperación del gasto primario durante junio y, por otro, una nueva caída de las transferencias automáticas por coparticipación. El escenario coincide con las negociaciones que el Gobierno mantiene con los gobernadores para conseguir respaldo legislativo a proyectos como la modificación del régimen de Zona Fría y la reforma política.
Según el IARAF, el gasto primario devengado alcanzó en junio los $16,2 billones, con un crecimiento real interanual del 3,6%. Sin embargo, el balance del primer semestre continúa siendo negativo: entre enero y junio el gasto acumuló una caída real del 2,3% respecto del mismo período de 2025.
Si se incorporan los intereses de la deuda, el gasto total registró un aumento real del 4,2% en junio y del 1,4% en el acumulado semestral, impulsado por un incremento del 38,3% en los pagos de intereses.
Pese a esa desaceleración del ajuste, el recorte siguió concentrándose en los recursos destinados a provincias y municipios.
Las transferencias discrecionales registraron una caída real del 86,8% en junio, el mayor descenso entre todos los componentes del gasto nacional. En el acumulado del primer semestre, el desplome alcanzó el 61,9%, muy por encima de otras partidas, como bienes de uso (-42,1%) y transferencias al exterior (-30%).
En contraste, entre los principales rubros del gasto solo crecieron los activos financieros (+100,2%), las otras transferencias al sector privado (+42,2%), las jubilaciones y pensiones (+2,4%) y las transferencias a otros organismos del sector público nacional (+2,1%).
También cayó la coparticipación
El ajuste sobre las provincias no se limitó a las transferencias discrecionales. Durante junio también retrocedieron los recursos automáticos distribuidos por la Nación.
El Gobierno nacional transfirió a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires $6.951.679 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Si bien el monto representó un incremento nominal del 28,1%, al descontar la inflación implicó una caída real del 4,1%.
Si se considera únicamente la coparticipación, sin incluir leyes complementarias ni compensaciones, la baja fue aún mayor: 8,4% en términos reales.
La caída respondió principalmente a la menor recaudación de los impuestos coparticipables. De acuerdo con la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, el Impuesto a las Ganancias retrocedió 14,2% en términos reales interanuales y el IVA cayó 4,1%. En conjunto, ambos tributos registraron una baja real del 8%, lo que significó una pérdida cercana a $298.000 millones, a valores constantes, para el conjunto de las jurisdicciones.
Con este resultado, las transferencias automáticas acumularon una caída real del 2,8% durante el primer semestre. Entre enero y junio, la Nación distribuyó $39,01 billones, lo que representa una pérdida de $1,1 billones a precios constantes respecto del mismo período del año anterior. Además, el IARAF advirtió que se trata del quinto mes consecutivo de deterioro en la tendencia móvil de los últimos doce meses.
La provincia de Buenos Aires también sintió el impacto del recorte, aunque fue una de las jurisdicciones menos afectadas en términos relativos. Durante junio recibió $1.596.426 millones en transferencias automáticas, un aumento nominal del 28,5% que, descontada la inflación, se tradujo en una caída real del 3,8%. La pérdida fue equivalente a $63.484 millones a valores constantes, o $3.623 por habitante.
En el acumulado del primer semestre, Buenos Aires percibió $8.954.443 millones, con una caída real del 2,1% respecto del mismo período de 2025. A precios constantes, la pérdida alcanzó los $194.531 millones.
En este contexto, el recorte de recursos mantiene la tensión entre la Nación y los gobernadores, que reclaman mayor previsibilidad en el reparto de fondos, mientras el Ejecutivo busca sostener los acuerdos legislativos necesarios para avanzar con sus principales iniciativas.