Un escenario de máxima tensión afecta a la logística exterior argentina. Un paro total de actividades iniciado el domingo por los prácticos y pilotos portuarios —los profesionales encargados de guiar los grandes barcos comerciales en canales estrechos y muelles— mantiene paralizadas las principales terminales del país, afectando a más de 150 buques comerciales que se encuentran detenidos sin poder ingresar ni despachar mercancías.
La medida de fuerza golpea con extrema dureza a puntos neurálgicos del comercio internacional:
- El Gran Rosario: Las terminales agroexportadoras de San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín se encuentran totalmente frenadas, interrumpiendo el flujo de granos, harinas y aceites.
- Otras terminales clave: El cese de actividades también afecta a los puertos de Buenos Aires, Dock Sud, La Plata, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca.
- Excepciones operativas: La única actividad que se mantiene bajo parámetros normales es el transporte marítimo de petróleo y gas, exceptuado por los gremios para no desabastecer el mercado interno de combustibles.
El origen del conflicto: qué cambia el Decreto 690/2026
El cese de actividades es un rechazo directo al Decreto N° 690/2026 publicado por el Gobierno nacional, que apunta a desarmar un esquema que regía desde 1991 con el objetivo de bajar drásticamente los costos logísticos del comercio exterior.
Desde el Ejecutivo argumentan que el servicio actual es excesivamente caro. Como ejemplo, señalan que el ingreso de un buque tipo Panamax al Río de la Plata demanda un costo de US$ 16.903, una tarifa muy superior a la de los puertos europeos o norteamericanos.
Los puntos centrales de la reforma oficial son:
Registro Abierto: La Prefectura Naval Argentina abrirá un registro libre para inscribir a cualquier profesional idóneo sin límite de cupos, eliminando barreras de entrada al sector.
Libre Contratación: Los usuarios de las terminales podrán contratar libremente a los prácticos como profesionales independientes.
Tarifas Máximas: La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) será la encargada de fijar los topes de precios del servicio.
Exenciones de Calado: Se exime de la obligación de usar práctico a buques menores a 150 metros de eslora y 6,40 metros de calado, elevando notablemente los límites vigentes.
Apertura Regional: Se permite exceptuar de la contratación de baqueanos locales a ciertos buques de la región.
Por su parte, la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos sostienen que la flexibilización de las normas pone en grave riesgo la seguridad de la navegación fluvial y marítima, pudiendo causar accidentes graves, además de denunciar una inminente pérdida masiva de empleo. Los gremios adelantaron que preparan presentaciones ante la Justicia Federal para solicitar la nulidad del decreto por inconstitucionalidad.
Consecuencias económicas: fuga de buques y alerta en combustibles
La parálisis total del servicio de asistencia genera serios trastornos operativos y financieros:
Fuga de Buques: Según informes del Centro de Navegación, múltiples buques internacionales ya cancelaron sus paradas programadas en terminales locales y fueron redireccionados hacia el Puerto de Montevideo (Uruguay) y terminales del sur de Brasil.
Alerta en Combustibles: Aunque los barcos de petróleo y gas están exceptuados, la Cámara Argentina de Energía advirtió que la falta de prácticos en refinerías clave de Dock Sud, San Lorenzo y Bahía Blanca ya provoca retrasos en la cadena de distribución de nafta y gasoil.
Golpe a las Divisas: El conflicto agrava la falta de dólares en un momento delicado; según datos de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), la liquidación de divisas del campo ya había registrado una caída del 28% en julio.
La estrategia oficial: intimaciones y advertencias penales
Frente a la magnitud del conflicto, el Gobierno se mantiene firme en su postura de desregulación. La Prefectura Naval Argentina comenzó a enviar intimaciones individuales a los prácticos para que retomen sus tareas de inmediato, bajo la advertencia de aplicar sanciones administrativas y denuncias penales por tratarse de un servicio público esencial.
En paralelo, el decreto oficial contempla que, de continuar la crisis, la Prefectura o la Armada puedan asumir el control directo del servicio o autorizar a capitanes con conocimiento de zona, aunque el sector privado duda que estas alternativas puedan cubrir la demanda técnica especializada en el corto plazo.