La diputada de Fuerza Patria, Ana Balor, presentó un proyecto de ley para que la Legislatura bonaerense establezca un régimen de protección de los consumidores en el comercio electrónico, con el objetivo de prohibir el uso de precios dinámicos según el perfil del consumidor y garantizar que los valores publicados sean transparentes, previsibles y estables durante todo el proceso de compra online.
En concreto, la legisladora del peronismo busca garantizar la transparencia en las operaciones de compra online, la previsibilidad de los precios y las condiciones comerciales, y evitar situaciones de discriminación o abuso en función del perfil social, comercial, económico, educativo o de cualquier otra naturaleza que el proveedor pudiera utilizar respecto del consumidor.
“El avance de la tecnología y la digitalización del comercio han traído indudables beneficios para los consumidores, pero también dieron lugar a asimetrías de información y prácticas comerciales abusivas que requieren de una regulación estatal urgente para proteger al eslabón más débil de la cadena comercial”, explicó Balor en los fundamentos del proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados bonaerense.
La iniciativa define al comercio electrónico como “toda transacción de bienes y servicios destinada a consumidores finales realizada mediante plataformas digitales, sitios web, aplicaciones móviles u otros canales electrónicos”. Además, Balor incorpora una definición específica de los llamados “precios dinámicos”, es decir, aquellos que se modifican de manera automatizada mediante algoritmos, software o inteligencia artificial en función de variables como el perfil del usuario, su historial de navegación, la ubicación geográfica, el dispositivo utilizado, el nivel de batería o la demanda del momento.
En ese sentido, el proyecto busca prohibir expresamente la utilización de sistemas de precios dinámicos para la venta de bienes y servicios destinados a consumidores finales en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de proteger a los compradores. De prosperar la iniciativa, los comercios electrónicos no podrán modificar el valor de un producto según las características particulares del comprador ni durante el desarrollo de la operación comercial.
El proyecto que lleva la firma de Balor establece, además, que el precio publicado por el proveedor en las plataformas online de venta deberá permanecer fijo y visible de manera clara durante todo el proceso de compra. Incluso, dispone que una vez que el consumidor agregue un producto o servicio al carrito, o inicie un procedimiento equivalente, ese valor deberá mantenerse sin modificaciones durante un plazo mínimo de 60 minutos.
No obstante, el texto contempla excepciones para las rebajas, promociones o descuentos previamente informados, siempre que representen un beneficio para el consumidor y no dependan de un perfilamiento algorítmico individualizado.
Además, la legisladora propone establecer un plazo de 90 días para que las empresas adecuen sus plataformas una vez que la eventual ley entre en vigencia. Los incumplimientos, en tanto, serían sancionados conforme a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
La iniciativa de Balor llega en un contexto en el que los precios dinámicos permiten modificar automáticamente el valor de un bien o servicio mediante algoritmos que procesan información del propio usuario, como su ubicación, el modelo del celular, la urgencia detectada durante la navegación o la demanda existente en ese momento.
Según la diputada, esta práctica afecta el deber de información previsto por la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, al tiempo que abre la puerta a posibles situaciones de discriminación algorítmica y falta de previsibilidad para quienes adquieren bienes a través de internet.
“Garantizar reglas claras en el comercio electrónico no frena la innovación, por el contrario, genera un entorno de consumo seguro, transparente y previsible”, enfatizó la legisladora.
En última instancia, el proyecto señala que varios países de la Unión Europea y otras jurisdicciones ya comenzaron a debatir y limitar estas prácticas por el impacto que tienen sobre la confianza en el mercado y el bolsillo de los ciudadanos. En ese marco, plantea que la provincia de Buenos Aires no debería quedar rezagada en la regulación de la economía y el comercio digital.