La gestión del intendente Julián Álvarez al frente del municipio bonaerense de Lanús quedó envuelta en una nueva polémica luego de que el jefe comunal decretara una serie de bonificaciones salariales destinadas a funcionarios de la planta política. Los adicionales generan una marcada diferencia respecto de los haberes del resto de los empleados municipales.
La medida establece el otorgamiento de compensaciones extras y adicionales por “Conducción Ejecutiva”, que implican incrementos de hasta el 50% sobre los sueldos básicos.
El grupo que recibe el porcentaje máximo está integrado por nueve funcionarios del gabinete: Cecilia Florencia Ciochi, secretaria de Salud; Leandro Julián Decuzzi, secretario de Gobierno; Gastón Pablo Boido, secretario de Economía y Finanzas; Nadia Ayelén Burgos, jefa de Gabinete; Paula Giuliana Romeo, vicejefa de Gabinete; Mauro Nicolás Iezzi, secretario de Espacios y Servicios Públicos.
También fueron incluidos Sebastián Castillo, secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; María Emilia Aristei, secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública; y María Eugenia Meana, secretaria de Desarrollo Social/Humano.
El artículo 3° incorpora además a otros 29 integrantes de la estructura política y jerárquica municipal. De ese grupo, cinco recibirán una bonificación del 35%: Leandro Brandoni, Alvano Iezzi, Sofía Burgos, Claudio Arale y Lucas Patrignani. Los restantes 24 percibirán un adicional del 30%.
Entre estos últimos se encuentran Ignacio Castro, Ana Belén Delgado, Viviana Albarellos, Mariel Ceria Decuzzi, Jessica Daiana Leyro, Hilda Virginia Lynn, Agustín Pedro Camardelli, Pablo Martín López Tascon, Sergio Adrián Stamilla, Mario Ricardo Szikaluk y Carla Marina Dolores Pirro.
La nómina se completa con Leandro Enrique García, Patricio Alejandro Granda, Julián Olivares, Matías Murabito, Gonzalo Daniel Díaz, César Luis Gardyan, Mauro Hefrero, Romina Carril, Laura Kinaszuk, Melina Gonzalez Barragan, Agustina Abelleyra, Paola Rezano y Fernando Stamilla.
Desde la administración local fundamentaron el beneficio en una reestructuración interna de las áreas de gobierno y en una mayor asignación de responsabilidades de conducción.
Sin embargo, la medida despertó duras críticas por el momento en que fue implementada y por la diferencia que establece respecto de los salarios del personal administrativo y de calle del municipio.