El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense presentó un proyecto para obligar al gobierno de Axel Kicillof a responder los pedidos de informes aprobados por la Legislatura. La iniciativa, encabezada por Luis Ontiveros, propone fijar plazos concretos, mecanismos de seguimiento y sanciones ante posibles incumplimientos.
Según el relevamiento citado por los autores, entre 2023 y 2026 se presentaron 484 solicitudes, de las cuales 16 fueron aprobadas y ninguna recibió una respuesta formal del Ejecutivo. El informe también menciona otros 95 pedidos para el período 2026-2027, aunque advierte sobre diferencias en las cifras de expedientes aprobados.
Plazos definidos y posibles sanciones
La propuesta busca reglamentar el artículo 90 de la Constitución bonaerense y establece un plazo general de 30 días hábiles administrativos para responder los requerimientos. En casos de mayor complejidad, podría extenderse hasta 60 días, mientras que los pedidos urgentes deberían contestarse en un máximo de 10 días hábiles.
“Garantizar que las solicitudes que consiguen dictamen y aprobación de la Cámara tengan una respuesta concreta no representa un privilegio partidario, sino una condición republicana indispensable”, sostuvo Ontiveros.
El proyecto exige respuestas completas, documentadas y fundamentadas. Si un organismo no cumple, la Legislatura podría intimarlo a responder en otros 10 días hábiles y, ante una nueva omisión, activar mecanismos de responsabilidad administrativa o constitucional.
Además, contempla la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por seis diputados y seis senadores, para controlar los plazos y publicar informes trimestrales. Los pedidos tampoco perderían vigencia al finalizar el período legislativo.
La iniciativa lleva las firmas de Juanes Osaba, Geraldine Calvella, Pablo Morillo, Abigail Gómez, María Fernanda Coronel y Carla Pannelli, y se suma a los planteos opositores para reforzar los controles sobre la administración bonaerense.