El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiros voluntarios para profundizar el ajuste en la administración pública centralizada. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El período de inscripción se extenderá del 1 al 30 de noviembre, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo por otros 30 días. Según estimaciones oficiales, unos 20.000 agentes estarían en condiciones de adherir al programa.
El esquema contempla compensaciones económicas diferenciadas según la edad, los años de aportes y la antigüedad de cada trabajador. Entre las alternativas previstas figuran una gratificación única de hasta 25 sueldos o el cobro del 60% del salario bruto mensual durante un período de 36 meses.
Uno de los puntos centrales del decreto establece que los cargos de quienes se acojan al retiro serán eliminados. Según los fundamentos oficiales, la medida “redundará en una mejor gestión de los recursos del Estado”.
Sin embargo, una de las condiciones más restrictivas es que quienes adhieran al régimen no podrán volver a trabajar en el Estado durante los próximos ocho años.
Una vez presentada la solicitud de baja, cada ministerio o secretaría tendrá un plazo de 40 días para responder. Si no existe una respuesta expresa dentro de ese período, la solicitud se considerará rechazada.
Quiénes pueden acceder y quiénes quedan excluidos
El régimen está destinado exclusivamente al personal de la Administración Pública Nacional centralizada, comprendido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156. El universo alcanzado incluye dependencias de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, los ministerios y las secretarías, además de los ámbitos del Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público contemplados por la normativa.
Podrán adherir los trabajadores de planta permanente encuadrados en la Ley 25.164 y los contratados por tiempo indeterminado bajo la Ley 20.744.
En cambio, quedarán excluidos los empleados con contratos transitorios, el personal de organismos descentralizados —como la ANSES—, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.
Tampoco podrán solicitar el retiro quienes tengan procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes, quienes se encuentren en el cuarto año de una licencia por afecciones de largo tratamiento, quienes tengan una renuncia pendiente de aceptación o quienes estén en situación de disponibilidad al momento de la inscripción.
Además, los trabajadores que mantengan juicios contra el Estado deberán desistir formalmente de esas acciones para poder acceder al beneficio.
Cuánto cobrarán según la edad y la antigüedad
El decreto establece tres grupos de beneficiarios, con diferentes modalidades de compensación económica.
Grupo 1: trabajadores próximos a jubilarse sin aportes suficientes. Incluye a mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 años que no cuenten con los aportes necesarios para jubilarse. Podrán optar por una gratificación única o por el cobro del 60% del salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.
Grupo 2: trabajadores con los aportes jubilatorios completos. Comprende a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes. En estos casos, la compensación podrá alcanzar hasta 18 sueldos, más cinco remuneraciones adicionales.
Grupo 3: trabajadores de menor edad. Abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. Recibirán una remuneración por cada año de antigüedad, con un límite de 20 sueldos. A ese monto se sumará un adicional de cuatro salarios para quienes tengan menos de 15 años de servicio, o de cinco salarios para quienes alcancen o superen esa antigüedad.
En todos los casos, la adhesión al régimen implicará el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación de la partida presupuestaria correspondiente al cargo.
Con este nuevo programa, el Gobierno busca reducir la estructura de la administración pública nacional mediante un sistema de desvinculaciones incentivadas, con compensaciones económicas y restricciones para quienes decidan abandonar sus puestos.