Con el Decreto 137/26, el presidente de la Nación, Javier Milei, promulgó la Ley 27.802, más conocida como reforma laboral. De esta manera, la norma aprobada por el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero empieza a regir en todo el país.
Para la administración libertaria, la Ley de Modernización Laboral “está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”. En el comunicado oficial que difundieron luego de su aprobación, el Gobierno Nacional aseguró que la norma “significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y el fin de la industria del juicio”.
La reforma introdujo modificaciones en distintos aspectos del régimen laboral, entre ellos las indemnizaciones por despido, el sistema salarial, las vacaciones, la jornada de trabajo y los derechos colectivos. Además, el nuevo marco legal también incluyó herramientas orientadas a formalizar empleo y un régimen de incentivos para inversiones de escala media.
En lo que respecta a las indemnizaciones, la reforma laboral rediseñó el cálculo de los montos por despido y dejó fuera del cómputo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios. Por otra parte, el esquema vigente fijó un tope equivalente a tres veces el salario promedio mensual de cada convenio colectivo y determinó un piso mínimo del 67% de la remuneración habitual.
La normativa también habilitó que las empresas paguen las indemnizaciones derivadas de sentencias judiciales en cuotas. El nuevo régimen estableció un máximo de seis pagos mensuales para grandes compañías y de hasta 12 cuotas para pequeñas y medianas empresas, junto con un mecanismo de actualización de los montos por inflación con un adicional anual del 3%.
