La causa por presunta extorsión impulsada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, sumó en las últimas horas un movimiento clave: el fiscal bonaerense Germán Camafreitas resolvió imputar formalmente al empresario Leandro Camani y al dirigente de la Coalición Cívica de Pilar Matías Yofe en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
La investigación busca determinar si existió un esquema de presiones vinculado al negocio de las fotomultas y a la posterior presentación de denuncias penales que, según la denuncia de Tapia, habrían sido utilizadas como mecanismo de coacción.
El conflicto se habría originado —según la presentación judicial— cuando Tapia, en su carácter de presidente de CEAMSE, se negó a habilitar autorizaciones relacionadas con la instalación de cámaras de control de infracciones en el Camino del Buen Ayre.
Desde la defensa de Camani sostienen, sin embargo, que el organismo no tiene competencia sobre el sistema de fotomultas en esa traza, ya que —afirman— la jurisdicción corresponde a los municipios por los que atraviesa la autopista.
A partir de esa negativa, según el relato del titular de la AFA, comenzaron a activarse denuncias penales en su contra, entre ellas la que aludía a una supuesta mansión en Pilar vinculada a autoridades de la AFA.
En su declaración, Tapia sostuvo que Camani “transmitió un mensaje inequívoco de carácter intimidatorio: si no accedía a habilitar el negocio de las fotomultas, se activarían falsas denuncias penales”.
Testimonios y nuevas líneas de investigación
El expediente incorporó en las últimas semanas una serie de testimonios que ampliaron el alcance de la investigación. Entre ellos figura el del periodista Claudio Gabriel Ponce de León, quien declaró que Yofe le habría mencionado que Camani aportaba fondos para sostener acciones políticas y mediáticas.
Según ese testimonio, el empresario habría ofrecido dinero vinculado tanto a campañas políticas como a la promoción de denuncias contra distintos actores políticos y empresariales. El periodista también señaló que Camani financiaba parcialmente un espacio radial en el que participaba Yofe.
En las actuaciones también aparece mencionado el abogado Pedro Aribe, quien —de acuerdo con declaraciones incorporadas al expediente— habría intervenido en gestiones vinculadas a pagos y contactos dentro de ese entramado.
Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía analiza posibles conexiones con empresarios y actores políticos de distritos como Morón, Pilar, La Plata y Merlo. No obstante, la causa continúa en etapa preliminar y las responsabilidades deberán determinarse conforme avance la producción de prueba.
En paralelo, el juez de Garantías de San Isidro, Walter Saettone, aceptó a Tapia como particular damnificado en el expediente, lo que le permite acceder a las actuaciones y solicitar medidas de prueba.
El trasfondo: fotomultas, CEAMSE y disputas políticas
La causa se inscribe en un escenario más amplio de disputas alrededor del sistema de radares y fotomultas en la provincia de Buenos Aires, un esquema que en los últimos años generó controversias administrativas, denuncias judiciales y suspensiones en distintos distritos.
Camani es titular de la empresa Secutrans S.A., dedicada a la provisión de equipamiento para la detección de infracciones viales. En municipios como Quilmes, Mar del Plata y San Isidro el funcionamiento de radares fue objeto de cuestionamientos y revisiones administrativas.
En el plano político, el expediente también se cruza con antecedentes recientes. La salida del ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio se produjo en medio de denuncias vinculadas al sistema de fiscalización vehicular y fotomultas. Yofe había presentado acusaciones contra el ex funcionario, con quien compartía distrito en Pilar.
Por otra parte, la investigación que involucra al dirigente de la Coalición Cívica se originó inicialmente a partir de la denuncia de un chofer del ex ministro. En ese marco se ordenó el allanamiento de su domicilio el pasado 2 de enero.
Días después, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reconoció en declaración judicial haberle sugerido a Yofe que arrojara su teléfono celular al mar tras enterarse del procedimiento.
En las últimas semanas, además, la fiscalía detectó la activación de una tarjeta SIM asociada a la línea atribuida al dirigente, lo que motivó nuevas medidas de análisis técnico por parte de la Dirección de Análisis en la Investigación de las Comunicaciones (DAIC).
La defensa y las objeciones al expediente
En paralelo, Camani presentó ante la Fiscalía General de San Isidro un escrito en el que denuncia presuntas irregularidades procesales.
Entre ellas, sostiene que la firma de Tapia en la denuncia inicial habría sido falsificada, extremo que —según afirma— estaría respaldado por un informe pericial caligráfico. La validez de ese estudio y su eventual impacto en la causa deberán ser evaluados por la Justicia.
La imputación formal por presunta extorsión agravada abre ahora una nueva etapa procesal. Camani y Yofe deberán presentarse a notificarse de la acusación mientras la fiscalía continúa recolectando prueba testimonial y documental para determinar si existió un esquema coordinado de presiones seguido de denuncias penales como mecanismo de condicionamiento.
