La senadora provincial del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca atacar un fenómeno que se volvió tristemente común: estafas, extorsiones y secuestros virtuales que se organizan desde unidades penitenciarias.
La propuesta establece la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios bonaerenses, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para impedir el ingreso de dispositivos móviles. Según el texto impulsado por la legisladora, el objetivo es cerrar una de las principales vías de organización del delito desde el interior de las cárceles.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo Galmarini al presentar la iniciativa.
El proyecto dispone que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni ningún dispositivo tecnológico que permita comunicaciones no autorizadas. Al mismo tiempo, contempla la implementación de sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados, una cuestión clave para preservar derechos básicos de los detenidos.
La senadora remarcó que el problema no se limita a una cuestión de control penitenciario, sino que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de personas que reciben llamados extorsivos. En muchos casos, las víctimas son sometidas a presiones psicológicas mediante simulaciones de secuestros o amenazas contra familiares.
“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, afirmó la legisladora.
Desde el equipo de Galmarini señalaron además que detrás de cada estafa telefónica existen víctimas que atraviesan situaciones de angustia, miedo y pérdidas económicas. “No se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas y que quedan atrapadas en situaciones de desesperación. El Estado tiene que estar del lado de las víctimas”, indicaron.
La iniciativa fija un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal en todas las cárceles de la provincia, con el objetivo de impedir comunicaciones ilegales desde los pabellones.
“Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad”, concluyó la senadora.
(*) Imagen ilustrativa.
