El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó y envió a la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional (Ley 1.472) y de la Ley de Procedimiento Contravencional. La iniciativa busca endurecer el régimen para los reincidentes, establecer sanciones económicas récord e incorporar nuevas figuras vinculadas con los delitos urbanos y digitales.
“No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos. Ley y orden”, afirmó Jorge Macri durante la presentación oficial.
Entre los principales puntos del paquete enviado a la Legislatura porteña se destaca el endurecimiento de las sanciones para distintas faltas cometidas en la vía pública.
- Arresto para cuidacoches: se establece una pena de hasta 90 días de arresto para los “trapitos” o cuidacoches reincidentes.
- Multas por alcoholemia: conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes tendrá sanciones económicas que superarán los $7 millones.
- Venta ilegal masiva: se fijan multas de hasta $58 millones para actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público.
Fin de la probation y mayores penas para reincidentes
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de las sanciones, la reforma elimina determinados beneficios procesales para los mayores de edad.
Sin condenas en suspenso ni probation: se excluye la suspensión del proceso a prueba para adultos, por lo que las penas impuestas deberán cumplirse de manera efectiva.
Escala para reincidentes: se crea un registro específico que contempla un aumento progresivo de las penas. La primera reincidencia incrementará la sanción un 50%, la segunda un 66,6% y la tercera implicará un recargo del 100%. Además, se perderá la posibilidad de acceder al arresto domiciliario.
Imputabilidad desde los 14 años y nuevas figuras digitales
La reforma también contempla la imputabilidad contravencional a partir de los 14 años, bajo un esquema socioeducativo que no incluye detención carcelaria, pero sí asistencia obligatoria a programas, tareas comunitarias y reparación del daño.
A su vez, el proyecto incorpora sanciones específicas para las estafas digitales (phishing), la venta no autorizada de datos personales, el acoso callejero y el uso de inhibidores de señal utilizados para cometer robos automotores.