El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires detectó irregularidades por más de $52 millones en gastos de combustible destinados a patrulleros y vehículos municipales en el distrito de Lanús. A raíz de ello, el organismo aplicó sanciones económicas a funcionarios de la gestión encabezada por Julián Álvarez.
Según consta en el expediente del Ejercicio 2024, la principal observación radica en la existencia de órdenes de pago millonarias que carecen de la documentación básica exigida por la normativa vigente. En particular, se señalaron dos series de remitos: una por $22.945.253,73 y otra por $29.118.411,86.
Si bien el organismo de control —presidido por Federico Thea— aprobó la rendición de cuentas del municipio, advirtió que “existen observaciones en los respectivos informes que deben analizarse a la luz de los descargos presentados por las autoridades municipales”.
En detalle, la gestión fue objetada por la “ausencia de antecedentes documentales que respalden cada remito” y por el “incumplimiento de las normativas y procedimientos establecidos para la adquisición de combustible”.
Desde el municipio intentaron justificar las irregularidades bajo el argumento de una “emergencia en Seguridad”, explicación que fue rechazada por la justicia contable. El fallo sostiene que no se acreditaron razones válidas para omitir los mecanismos legales de control y transparencia.
Como consecuencia, el Tribunal sancionó al secretario de Seguridad de Lanús, Sebastián Castillo, con una multa de $300.000, y al director de Compras, Fernando Stamilla, con $350.000.
La imposibilidad de vincular los gastos con vehículos específicos abre un interrogante que genera preocupación dentro del municipio, ya que la falta de trazabilidad sobre el destino de los fondos pone bajo sospecha no solo a los funcionarios sancionados, sino también a los mecanismos de control interno de la actual gestión.
Si bien las multas resultan menores en comparación con los montos observados, el fallo podría convertirse en el punto de partida de denuncias penales por presunta malversación de fondos públicos o de pedidos de informes en el Concejo Deliberante. En un contexto marcado por el ajuste y la demanda de mayor transparencia, el denominado “caso de la nafta” amenaza con escalar en la agenda política bonaerense en los próximos días.
Por otra parte, el intendente Julián Álvarez también fue multado con $300.000 por irregularidades en el plan de Fortalecimiento de Programas Sociales, vinculadas a egresos a favor de la empresa CABAL, y por la falta de documentación relativa a la homologación y titularidad de equipos de control del sistema de fiscalización electrónica de tránsito.
