Tras el anuncio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sobre la incorporación, desde el 1° de agosto, de un requisito extra para el traslado de productos apícolas, legisladores de la provincia de Buenos Aires expresaron su rechazo al considerar que la medida implica mayores trabas administrativas para los productores.
En ese marco, los diputados Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, y Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, cuestionaron la decisión al sostener que la implementación del Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para movilizar material desde los apiarios hacia las salas de extracción fue definida sin consenso con el sector y no aporta soluciones concretas.
De acuerdo con la nueva disposición, los titulares de apiarios deberán tramitar el DT-e mediante el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), mientras que los responsables de las salas de extracción tendrán a su cargo la validación y cierre del documento.
Desde el organismo sanitario, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, explicaron que la iniciativa busca mejorar la trazabilidad dentro de la actividad apícola y reforzar los controles sanitarios. Sin embargo, productores y referentes políticos advierten que la resolución añade más exigencias burocráticas a una actividad que ya enfrenta múltiples obligaciones administrativas.
