La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y presidenta del Foro de Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA), Verónica Magario, lanzó una dura acusación contra la administración central de la Casa Rosada por llevar adelante una política de ahogo financiero que asfixia a los presupuestos locales. Fue al participar como invitada especial en la 58º Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, celebrada en Santiago del Estero, un encuentro clave que estuvo marcado por la demanda de equidad distributiva.
“Hay un principio constitucional que no podemos dejar de defender: el federalismo no puede ser un gasto, sino que es una condición de desarrollo equilibrado para Argentina”, sentenció Magario durante su exposición ante los representantes de las provincias del norte.
Un fuerte reclamo por la coparticipación y la industria
En su discurso, la funcionaria bonaerense trazó un diagnóstico preocupante sobre el impacto de las medidas económicas de la gestión nacional en el interior del país, ligando de forma directa el superávit central con el recorte de las partidas presupuestarias provinciales.
El impacto del ajuste: Magario denunció que las provincias sufrieron una quita de recursos alarmante en el último período. “Nos han sacado 50 mil millones de dólares a las provincias, ese fue el ajuste fiscal en estos últimos tiempos”, afirmó.
Crecimiento financiero vs. productivo: La vicegobernadora advirtió que la actividad que más creció es la financiera, en detrimento de la economía real y productiva de las regiones.
Alerta por el empleo local: Criticó la apertura de importaciones al señalar que se está “cambiando trabajo argentino por trabajo del exterior”, en un contexto donde los ingresos por exportaciones bajan debido a la reducción de retenciones.
“El mayor valor que tiene la Nación son sus 23 provincias, y claramente en esta etapa se han olvidado de ellas. Cada provincia tiene potencialidades distintas, pero cuando se juntan, se complementan muchísimo”, remarcó la titular del FOVIRA, instando a armar una agenda de planificación común que supere las diferencias partidarias.