Al cumplirse cinco años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la diputada bonaerense de la Coalición Cívica–ARI, Romina Braga, impulsó un pedido de informes para que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires detalle si dispone de los insumos necesarios para garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
En la presentación, la legisladora señaló que desde 2024 se vienen registrando dificultades en el abastecimiento de medicamentos clave como el misoprostol y la mifepristona, fundamentales para llevar adelante la práctica. Este escenario se da en paralelo a las posturas del presidente Javier Milei, quien ha manifestado su rechazo a las políticas vinculadas a la denominada “ideología de género”.
Braga también expresó su preocupación por indicios recientes que afectarían la implementación efectiva de la ley, en especial a partir de cambios en las políticas públicas a nivel nacional que, según indicó, repercuten en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud provinciales.
Asimismo, recordó que la normativa vigente obliga al sistema sanitario a asegurar el acceso a la IVE en condiciones adecuadas, seguras y dentro de plazos razonables, sin permitir obstáculos ni demoras injustificadas.
Por último, la diputada subrayó la importancia de contar con datos claros, actualizados y accesibles sobre la aplicación de la ley, al considerar que su vigencia formal no alcanza si no se garantiza su cumplimiento en la práctica.
